La Argentina padeció, a partir de la segunda mitad de los años 70, la última de las dictaduras cívico-militares del siglo XX iniciadas con el derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen en 1930. Igual suerte sufrieron los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón en 1955, Arturo Frondizi en 1962 y Arturo Illia en 1966, todos ellos derrocados por los sectores económicos del privilegio, los personeros y representantes de los intereses extranjeros y los políticos sin votos que utilizaron a las Fuerzas Armadas como punta de lanza para interrumpir la generación de derechos y mejoras en favor de los sectores populares y apoderarse de los resortes del Estado para satisfacer sus intereses personales y los de sus mandantes.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de entonces, el que había asumido tres años antes con el mayor consenso del electorado en la historia argentina, para poner en marcha –con la excusa de acabar con la existencia de una guerrilla ya agotada en su capacidad de acción y divorciada del sentir de las mayorías nacionales– un plan sistemático de terrorismo de Estado ejecutado en paralelo con la destrucción de la economía para entregar el país a la voracidad de las empresas transnacionales y conculcar muchos de los derechos adquiridos a lo largo de años por el pueblo trabajador.
En ese marco, la acción de las fuerzas represivas traspasó todos los límites de la legalidad para perpetrar un genocidio que secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de argentinos, en su mayoría jóvenes luchadores por una sociedad más equilibrada, justa e inclusiva.
La recuperación de la democracia en 1983 permitió condenar a las cabezas visibles de esa dictadura y a partir de 2003 se pudo avanzar sobre los planificadores y ejecutores de la orgía de sangre que enlutó a miles de familias argentinas.
Algunas de esas familias y algunas de las víctimas del genocidio eran de El Trébol, aunque vivieran por entonces en otros lugares.
En 2011, con la identificación de los restos de Carlos Alberto Bosso y su esposa María Isabel Salinas, rescatados junto a otros seis desaparecidos en una fosa clandestina hallada un año antes en un campo de maniobras militares del Ejército próximo a la localidad de Laguna Paiva, en El Trébol se tomó conciencia cabal de la magnitud de la tragedia que había sufrido el país y se abrió la posibilidad de establecer un lugar de memoria para recordar a los luchadores populares asesinados por el terrorismo de Estado, entre los que también se contaban Alicia Raquel Burdisso, secuestrada y desaparecida en San Miguel de Tucumán, y Luis Alberto Tealdi, quien corriera la misma suerte en la ciudad bonaerense de Campana.
La iniciativa correspondió al periodista Ruben Adalberto Pron, con el acompañamiento del abogado Roberto Maurino –preso político durante la dictadura– y encontró rápido eco en el Ejecutivo y en el Concejo Municipal, que el 17 de marzo de 2011 sancionó la Ordenanza Nº 858 por la que se dispuso la creación en un espacio público del Lugar de Memoria por la Verdad y la Justicia, contiguo a la sede del cuerpo deliberativo, sobre Avenida Estanislao López, en el Predio Ecológico.
El sitio fue inaugurado el 24 de marzo de 2012 en un acto público encabezado por el intendente Fernando Almada y la entonces directora de cultura de la Municipalidad, Alejandra Vismara, al que asistieron familiares y amigos de los desaparecidos de El Trébol y ex detenidos sobrevivientes de los centros clandestinos de reclusión y tortura.
El diseño del memorial fue confiado a la arquitecta Lucrecia López y el grupo escultórico que lo identifica es obra del escultor local Mario Amurri, quien talló figuras sin rostro que representan a los desaparecidos y siluetas huecas que insinúan su ausencia.
A un costado se plantó un árbol que simboliza el triunfo sobre la muerte y todo el conjunto se rodeó de un seto vivo de hojas perennes que transmiten la perdurabilidad del recuerdo.
En este lugar se realiza cada 24 de marzo el acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con presencia de autoridades, delegaciones escolares, representantes de instituciones locales y vecinos consustanciados con el sentido del homenaje.
